San Isidro fue, durante más de una década, uno de los pocos distritos del conurbano donde la seguridad no sufría crisis relevantes, sino una política pública con planificación, tecnología y presencia territorial. Para miles de vecinos de entre 40 y 50 años, esa etapa representó un antes y un después.
Sin embargo, desde hace más de un año, la gestión actual parece haber debilitado esa lógica sin ofrecer una alternativa equivalente.

Según un supuesto informe compartido en redes por agrupaciones de vecinos organizados, se habría verificado una caída del patrullaje municipal, con una disminución notoria de móviles visibles, en muchos casos tripulados por solo un inspector municipal sin policía a bordo. A esto se suma, según testimonios, un menor control nocturno.

“Antes vos sabías que en cualquier lugar del distrito, cada 15 o 20 minutos, pasaba un móvil. El otro día robaron a una señora acá y tardaron media hora en llegar”, comenta Hernán, 49 años, vecino y comerciante.

La sensación de abandono operativo empieza a permear no solo la percepción vecinal, sino las decisiones cotidianas: cambiar horarios de apertura y cierre de comercios, usar menos los espacios públicos, y reducir salidas en determinados horarios.

La gestión de Ramón Lanús heredó una estructura que funcionaba, con dispositivos tecnológicos, presencia territorial y coordinación interjurisdiccional. La expectativa era sostener y mejorar. Pero hoy, según múltiples voces, la sensación es que se está dejando caer lo que ya estaba construido.

Este grupo etario, con experiencia, responsabilidad y capacidad de evaluación política, no compra relatos. Exige datos reales, inversión visible y funcionamiento sostenido. Porque entiende que donde no hay presencia del Estado, la calle deja de pertenecer al vecino.

Y la seguridad —cuando falla— no solo genera miedo. Desgasta el contrato entre ciudadanía y gobierno.