En diciembre pasado, el gobierno de Ramón Lanús presentó en el Concejo Deliberante un proyecto de modificación del Código de Ordenamiento Urbano que encendió alarmas en diversos sectores de la comunidad sanisidrense. La iniciativa proponía una serie de cambios sustanciales que podrían transformar radicalmente la fisonomía de muchos barrios, en especial la zona del Bajo.

Entre las modificaciones más destacadas, el proyecto plantea “flexibilizar las posibilidades de construcción para adaptar distintas zonas a la evolución del desarrollo urbano”. Bajo ese enunciado, se incluían conceptos como “incrementar la altura”, “corregir restricciones en zonas R1”, “adecuar requisitos de estacionamiento” e “incorporar premios al FOT” (factor de ocupación total), que permitirían construir más metros cuadrados por lote.

Para muchos vecinos y urbanistas, estas definiciones técnicas esconden un cambio profundo en el modelo de ciudad: uno más denso, más alto y con menos participación comunitaria. Lo más preocupante fue el intento de aprobar el proyecto a toda velocidad, en la última sesión del año legislativo 2024, sin un proceso de consulta vecinal.

La reacción ciudadana no tardó en llegar. Vecinos de Acassuso presentaron más de 1000 firmas en pocos días, exigiendo frenar el tratamiento. El bloque de concejales opositores afines a Gustavo Posse también se manifestó en contra. Finalmente, el proyecto fue retirado por orden del intendente Lanús para evitar un rechazo legislativo definitivo que sepultara cualquier chance de aprobación por dos años.

Sin embargo, el tema está lejos de haberse cerrado. La propuesta podría volver a debatirse en cualquier momento, especialmente si el oficialismo logra un mejor desempeño en las elecciones legislativas de septiembre. Según trascendió, Ramón Lanús intentará colar sus concejales en las listas de La Libertad Avanza, lo que colaboraría con sus ambiciones a menos que los vecinos opten por cortar boleta, dados los resultados de Javier Milei en San Isidro en el Balotaje de 2023.

Este escenario revive el fantasma de lo ocurrido en distritos como Vicente López y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la flexibilización del código urbanístico abrió las puertas a un auge de torres, desarrollos inmobiliarios, coimas asociadas a estos emprendimientos, y la consecuente pérdida de identidad barrial.

Desde distintos sectores vecinales advierten que la pregunta ya no es si este modelo puede llegar a San Isidro, sino cuándo y con qué respaldo político.

Porque más allá de los expedientes y las mayorías circunstanciales, el futuro de San Isidro como ciudad de escala humana sigue siendo una decisión colectiva. Y la última palabra la tendrán los vecinos.