El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, quedó en el centro de una causa judicial que investiga la presunta malversación de más de 12.570 millones de pesos a través de una operatoria basada en la contratación de empleados fantasma. El caso, que ya derivó en una citación judicial, expone una red de convenios, sueldos exorbitantes y sospechas de financiamiento político con recursos públicos.

550 empleados fantasma y sueldos de lujo

De acuerdo con la investigación, el municipio contrató a más de 550 monotributistas, muchos de ellos dados de alta en la AFIP mediante ARCA en el mismo mes en que comenzaron a cobrar.

Lo llamativo no es solo el número, sino el nivel de los sueldos: algunos alcanzaban los 8 millones de pesos mensuales, cifras absolutamente inusuales para personal administrativo o de asistencia técnica. La Justicia ya pidió explicaciones concretas: quiénes son esas personas, qué tareas realizan y qué horarios cumplen. Las respuestas del Ejecutivo municipal fueron consideradas insuficientes.

El mecanismo: un convenio con la Universidad de San Martín

La clave de la operatoria es un Convenio de Cooperación firmado entre el municipio y la Universidad de San Martín.

Según la documentación, el esquema funcionaba de la siguiente manera:

El municipio enviaba mes a mes una transferencia millonaria a la Universidad.

Adjuntaba un listado de personas a contratar.

La Universidad instrumentaba los contratos, retenía una comisión por la gestión, y enviaba el dinero restante a los supuestos colaboradores.

Formalmente, el objetivo era “aportar asistencia técnica para mejorar el funcionamiento del municipio”. Sin embargo, la magnitud de las transferencias, el perfil de los contratados y la falta de controles dispararon las alarmas.

De 480 millones a 12.570 millones: una curva exponencial

El convenio original había sido establecido por 480 millones de pesos, con carácter excepcional. Sin embargo, las transferencias se repitieron e incrementaron mes a mes.

Para junio de 2025, el monto acumulado ya superaba los 12.570 millones de pesos, equivalentes a casi 10 millones de dólares. Lo que empezó como un acuerdo acotado terminó convertido en una maquinaria financiera de enorme escala.

La Justicia avanza

Un tribunal pidió explicaciones al intendente. Al considerar insuficiente la documentación presentada, la investigación se profundizó. Ahora Lanús cuenta con 30 días para presentar nuevas respuestas. El fallo podría incluso obligarlo a reintegrar los fondos cuestionados al municipio.

La causa ya incluye testimonios, análisis de transferencias y listados de monotributistas que están siendo revisados por los investigadores.

Los nombres detrás de los contratos

Uno de los condimentos más explosivos del caso es la filtración de listados de contratados, entre los que figurarían conocidos dirigentes de la política local como Carlos Castellano y Marcos Hilding Ohlsson.

Las sospechas también apuntan a que el mecanismo podría haber sido utilizado para canalizar sobresueldos encubiertos, lo que abriría una línea de investigación aún más delicada.

Política y campaña en la calle

Mientras tanto, en las calles de San Isidro se multiplican las imágenes de personas con pecheras municipales participando en actividades de campaña política.

La coincidencia entre la presencia masiva de estos grupos y el volumen de contrataciones bajo investigación alimenta la hipótesis de que parte de esos fondos podría estar siendo destinado a financiar estructuras proselitistas.

Una incógnita abierta

Con cifras astronómicas y más de 550 contrataciones bajo sospecha, la causa ya ocupa un lugar central en la agenda política y judicial del distrito.

Lo que está en juego no es solo el destino de 12.570 millones de pesos, sino también la transparencia en el uso de los convenios con universidades y la frontera cada vez más difusa entre gestión pública y financiamiento político.

La investigación judicial está en curso. Y la pregunta que hoy se hacen vecinos, dirigentes y jueces es la misma:
¿Hasta dónde llegará este caso?