El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra en medio de un importante desafío legal. Recientemente, ha presentado una apelación a la decisión del juez Roberto Gallardo, que dictaminó que la policía de la ciudad no debería resguardar la marcha de los jubilados. Esta decisión ha generado una serie de tensiones y ha abierto un debate más amplio sobre la seguridad en las manifestaciones públicas. 
El fallo del juez Gallardo fue resultado de una acción de amparo presentada por un grupo de jubilados que planeaban marchar en protesta por sus condiciones de vida y la falta de respuesta del gobierno. Argumentaron que la presencia de la policía de la ciudad podría intimidar a los manifestantes y potencialmente desalentar la participación. Gallardo, en respuesta, emitió un fallo que excluía a la policía de la ciudad de la custodia de la marcha. 
Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha apelado este fallo, argumentando que la presencia policial es necesaria para garantizar la seguridad de todos los participantes. Han expresado su preocupación por el potencial de violencia y desorden durante la marcha, y han enfatizado que la policía es un componente esencial para prevenir tales incidentes. 
Este caso continúa en curso y su resultado final podría tener ramificaciones significativas para futuras manifestaciones en la ciudad. El debate sobre el equilibrio entre la libertad de protesta y la seguridad pública sigue siendo una cuestión clave en la sociedad moderna, y este caso aporta un nuevo enfoque a la discusión.