El Estado argentino enfrenta anualmente un costo oculto de alrededor de USD 1000 millones debido al régimen de Tierra del Fuego. Este régimen, que proporciona una serie de beneficios fiscales y aduaneros a las empresas instaladas en la provincia, ha sido objeto de debate durante mucho tiempo, debido a su impacto en las finanzas públicas.

El régimen fue instaurado con el objetivo de promover el desarrollo industrial y la creación de empleo en la región. Sin embargo, el costo financiero de mantener estos beneficios ha llevado a cuestionar su viabilidad a largo plazo. Es importante destacar que estos costos no están reflejados en el presupuesto estatal, por lo que se consideran 'ocultos'.

El debate se intensifica al analizar el retorno en términos de creación de empleo y desarrollo. ¿Justifica el beneficio económico y social obtenido el alto costo que el Estado debe asumir? Este es un tema que merece un análisis a profundidad, considerando todas las implicaciones económicas, sociales y políticas que conlleva.

¿Qué opinas tú? ¿Es sostenible mantener el régimen de Tierra del Fuego tal como está? ¿Debería haber una revisión de estos beneficios fiscales y aduaneros? Invitamos a nuestros lectores a reflexionar y compartir sus opiniones en la sección de comentarios.