Apartan a un juez de San Isidro y le formalizan seis cargos por acoso sexual y mal desempeño

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires resolvió apartar de manera preventiva al juez Ernesto García Maañón, integrante de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Isidro. El magistrado, según consta en el expediente, ya se encontraba en uso de licencia por decisión de la Suprema Corte provincial. La decisión lo separa formalmente del cargo mientras avanza el proceso disciplinario en su contra.

El caso se originó en julio de 2025, cuando una funcionaria que se desempeñaba en esa cámara presentó una denuncia ante la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte bonaerense. En su relato describió que el magistrado le enviaba mensajes con comentarios sobre su aspecto físico y su vestimenta, y que además le formulaba propuestas de encuentros personales. La presentación fue acompañada con chats y audios que la denunciante entregó como respaldo probatorio.

A partir de esa denuncia se abrió un sumario administrativo y, en paralelo, una investigación penal preparatoria a cargo del fiscal José Amallo. En noviembre de 2025, la Procuración General de la provincia formalizó una denuncia ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento, lo que dio inicio formal al trámite del jury. Luego se acumuló al expediente una presentación del Colegio de Abogados de San Isidro, que amplió el universo de cuestionamientos contra el magistrado.

Los seis cargos que le imputaron

• Acoso y conductas inapropiadas hacia mujeres, según la denuncia original de la funcionaria.
• Malos tratos reiterados a empleados y funcionarios, mediante descalificaciones y órdenes arbitrarias.
• Uso de recursos del Estado con destino de beneficio personal.
• Trato irrespetuoso hacia superiores y empleo de su posición institucional con fines de intimidación.
• Presuntos intentos de influir sobre testigos para evitar declaraciones en su contra.
• Delegación irregular de su firma digital, en lo que el Ministerio PúblicoFiscal considera una posible violación a la normativa vigente.

El jury está presidido por el titular de la Suprema Corte provincial, Sergio Gabriel Torres, y se integra con conjueces abogados y conjueces legisladores designados para evaluar el caso. Con la confirmación del apartamiento, el proceso ingresa en una etapa clave: el análisis particular de cada uno de los seis cargos y la valoración de la prueba reunida, donde chats, audios y testimonios aportados por la denunciante y por el Colegio de Abogados tendrán un rol central.