Diez años embalando peras y manzanas hasta que el hombro dijo basta: la lucha de Fabián contra la negativa de la cooperativa

Fabián cargaba cajas en el Alto Valle desde 2011. Pasó más de una década en la misma cooperativa, embalando fruta en uno de los galpones más exigentes del empaque neuquino, sin sanciones ni observaciones. Hasta que en agosto de 2021 el hombro derecho le pasó la factura. Una lesión simple, de las que aparecen cuando se levanta peso durante años, lo sacó de la línea de producción y lo puso frente a una pregunta que ningún operario quiere formular: si la empresa no tiene nada para darme, ¿estoy despedido?

La ART lo asistió durante ocho meses. En abril de 2022 le extendió el alta con una restricción clara: podía volver, pero no a levantar cajas. La cooperativa, en cambio, eligió un camino más corto. Reconoció la limitación médica por carta documento y respondió que no había puesto disponible. Fabián insistió, describió los sectores del galpón donde podía desempeñarse, volvió a reclamar por escrito. La respuesta fue la misma. Cuatro años después, la Cámara de Apelaciones de Neuquén le dio la razón: no alcanza con decir que no hay lugar, hay que demostrarlo.

El testimonio de los compañeros, la prueba que la cooperativa no pudo desactivar

En el expediente declararon seis compañeros de trabajo. No hablaron en abstracto: describieron tareas concretas que el operario podía haber realizado, como el sellado de etiquetas, el fichado de cajas con engrudo y el colgado en el sector conocido como "el aéreo". Varios coincidieron en que, cada vez que alguien sufría una lesión o no podía levantar peso, la empresa lo reubicaba en esas funciones. Uno de los testigos señaló que al menos cuatro embaladores habían sido trasladados a otros sectores en situaciones similares a la de Fabián. Para el juez Luis Trani, del Juzgado Laboral N°3 de Neuquén, esos relatos fueron "coherentes, ordenados y concordantes", y constituyeron la prueba central de que la cooperativa tenía margen para reubicar y optó por no hacerlo.

El fallo, confirmado por la Cámara de Apelaciones, instaló un principio conocido pero no siempre respetado: cuando una empresa alega que no tiene un puesto disponible para un trabajador con limitaciones de salud, la carga de la prueba corre por cuenta de la firma, no del empleado. La cooperativa no acreditó haber realizado una búsqueda real, no ofreció alternativas, no documentó su negativa más allá de la carta documento. Para la Justicia, esa omisión fue determinante.

Lo que la sentencia dejó por escrito y lo que la empresa nunca dijo

La condena alcanzó los 676.751 pesos más intereses calculados desde 2022. Es una cifra sensiblemente inferior a la que Fabián reclamó en su demanda, que había superado los cuatro millones de pesos. Aun así, lo que el fallo reconoce es más importante que el monto: valida que un operario con quince años de antigüedad, formateado en una sola tarea, tiene derecho a que la empresa piense en él antes de decirle que no hay lugar. La indemnización cubre el lucro cesante, pero no repara los meses de incertidumbre ni la sensación de haber sido descartado.

La cooperativa, en todo el proceso, nunca explicó por qué no tomó ninguna de las alternativas que los propios compañeros describieron en el juicio. No exhibió un organigrama, no mostró constancias de haber evaluado al operario, no propuso un plan. Se limitó a una negativa escrita y la sostuvo hasta el final. Esa es, desde el interior, la postal más triste de este tipo de conflictos: no se trata solo de que la Justicia falle a favor, sino de que durante cuatro años una persona esperó una respuesta que nunca llegó, mientras la firma guardaba silencio.

Fabián carga hoy, en el cuerpo y en la memoria, el peso de un oficio que le enseñó el galpón. El hombro se recuperó, la cooperativa lo perdió. Y la Justicia, con una sentencia clara, le devolvió algo que ninguna indemnización reemplaza: la prueba de que tuvo razón desde el principio.