Imputabilidad a los 14 años: qué establece la ley 27.801 que rige desde este sábado en Argentina

Desde este sábado entró en vigencia en Argentina la ley 27.801, que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad penal para adolescentes. La norma fue publicada en el Boletín Oficial hace 180 días y, tras ese plazo de implementación, comenzó a regir el nuevo régimen penal juvenil que establece un esquema de sanciones graduadas según la gravedad del delito. El cambio modifica de manera estructural el tratamiento que el sistema judicial dará a los menores de 14 a 17 años que cometan hechos tipificados como delitos.

La información publicada por distintos portales indica que al menos seis menores acusados de homicidio quedaron fuera del alcance de la nueva ley por haber cometido los hechos antes de la entrada en vigencia. Entre los casos que no alcanzará la norma figura el asesinato del cabo Cristian Gerez, de 36 años, ocurrido el 20 de julio en Loma Hermosa, provincia de Buenos Aires. Los dos imputados, de 14 y 15 años, permanecen bajo custodia judicial pero no enfrentarán proceso penal ni condena. Bajo el esquema anterior, un menor considerado inimputable podía quedar internado en un instituto solo hasta los 18 años, sin registro de antecedentes.

Las penas previstas

La privación de libertad queda reservada para los casos más graves, entre ellos los homicidios. Para esos supuestos, la ley contempla tres modalidades: arresto domiciliario, internación en un instituto de régimen abierto o alojamiento en un centro especializado de detención. La pena máxima para menores es de 15 años, aunque dos tercios de la condena pueden cumplirse bajo libertad condicional, lo que en la práctica reduce el encierro efectivo a un máximo de diez años.

Delitos menos graves: sanciones alternativas

Para delitos de menor gravedad, como hurtos y robos sin armas, la norma habilita sanciones alternativas al encierro. Incluso en casos de robos agravados con armas de fuego, los jueces conservan la facultad de reemplazar la prisión por medidas como tobilleras electrónicas, prohibición de asistencia a determinados lugares o, en situaciones extremas, separación del menor de su entorno familiar si se acredita que ese entorno fomenta la actividad delictiva. Para aplicar la pena alternativa, la ley exige dictamen pericial favorable, conformidad del Ministerio Público Fiscal y que se haya escuchado a la víctima. Además, el adolescente no debe registrar condenas previas ni procesos con auto de procesamiento firme.

• Edad de imputabilidad: baja de 16 a 14 años para los hechos cometidos a partir de la entrada en vigencia.
• Pena máxima: 15 años de privación de libertad para los delitos más graves, con encierro efectivo de hasta 10 años por la libertad condicional.
• Modalidades de cumplimiento: arresto domiciliario, instituto de régimen abierto o centro especializado de detención.
• Sanciones alternativas: tobilleras electrónicas, prohibición de asistencia a determinados lugares y, en casos extremos, separación del entorno familiar.
• Requisitos para la pena alternativa: dictamen pericial favorable, conformidad del Ministerio Público Fiscal, escucha a la víctima y ausencia de condenas previas o procesamientos firmes.
• Casos excluidos: al menos seis menores acusados de homicidio quedaron afuera del régimen por haber cometido los hechos antes de la entrada en vigencia.

La implementación del nuevo régimen implica también una transición administrativa y operativa para los tribunales y organismos de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, que deberán articular el nuevo esquema sancionatorio con las instancias judiciales y administrativas correspondientes.