El rompecabezas de los robotaxis: ciudades de Estados Unidos deciden por su cuenta mientras el Congreso no se pone de acuerdo

Recuerdo perfectamente la primera vez que me subí a un robotaxi de Waymo en San Francisco, hace ya un par de años: el silencio del motor eléctrico, la pantalla que te saluda por tu nombre y esa sensación extraña de mirar al volante y comprobar que nadie lo toca. En aquel momento pensé que la regulación iba a llegar rápido, casi como una consecuencia natural del avance tecnológico. Pero acá estamos, en 2025, con un Congreso federal que no logra sancionar una sola ley nacional de seguridad para vehículos autónomos, y con ciudades enteras que empezaron a armar sus propias reglas, cada una con su ritmo y su cocina propia. Es como si cada municipio tuviera su propia receta para el mismo guiso, y el resultado fuera, inevitablemente, desparejo.

El caso más resonante, para mí, es el de Minneapolis, donde la concejala Robin Wonsley empuja una ordenanza que obligaría a tener un operador humano pago adentro de cada vehículo autónomo. La funcionaria lo dijo con todas las letras: la ciudad no va a desplegar condiciones favorables para que las grandes empresas tecnológicas "desplacen a nuestros trabajadores". Waymo salió al cruce y calificó la iniciativa como "una prohibición de hecho" a los vehículos sin conductor. La empresa, vale la pena recordarlo, viene completando más de 500.000 viajes semanales en 15 ciudades de Estados Unidos sin necesitar un monitor a bordo.

Las otras batallas locales

• San Diego: el Concejo aprobó una resolución para impedir que Waymo opere en el aeropuerto internacional y para darles a las agencias locales control directo sobre los coches autónomos en emergencias. El concejal Sean Elo-Rivera defendió el reclamo recordando que los conductores y los pequeños negocios "cumplen regla tras regla para ganarse la vida".
• Austin: los bomberos mostraron su preocupación por los Cybercab de Tesla, que no tienen volante ni pedales. Piden protocolos de remolque de respuesta rápida y canales directos con operadores humanos para actuar en emergencias.
• Washington D.C.: es la discusión con más números finos. El concejal Charles Allen impulsa un proyecto que limita a doscientos vehículos la flota de cada operador, posterga el inicio del servicio comercial hasta 2028 y fija una tarifa por milla recorrida para financiar el subterráneo y compensar a conductores de aplicaciones. Espera votar en comisión antes de fin de noviembre y llegar al pleno en diciembre.

Mientras las ciudades avanzan, lo que se sabe del frente federal es lo que no se mueve: los gobiernos locales no tienen potestad sobre los estándares de fabricación de los vehículos, un punto que mantiene a la industria mirando de reojo el calendario legislativo. Por ahora, lo que sigue es ver cómo se traduce este mosaico normativo en la experiencia real de los pasajeros, y si el Congreso finalmente logra acordar un piso común antes de que las diferencias entre municipios se vuelvan insalvables.