Esperas que duelen: el mapa de las demoras en discapacidad que Córdoba puso sobre la mesa

Lo cuenta Marisa, una mamá de Río Cuarto que hace dos años paga de su bolsillo las sesiones de su hija porque la respuesta oficial no llega. Su caso aparece en el informe que la Defensoría del Pueblo de Córdoba presentó el 5 de octubre de 2026, donde se relevan los obstáculos cotidianos que enfrenta una persona con discapacidad para acceder al Certificado Único de Discapacidad (CUD), a terapias, a prótesis y a medicamentos.

Desde el interior, la nota periodística suele empezar con un dato macro y terminar con la vida de alguien. Acá empieza con la vida de alguien y termina con cifras que duelen. La Defensoría recogió testimonios y organizó grupos focales: no es una medición estadística, pero describe una experiencia que se repite en toda la provincia.

Turnos que tardan, juntas que faltan

En la Ciudad de Córdoba funcionan juntas evaluadoras en siete hospitales, dos de ellos pediátricos. Quienes piden un turno pueden esperar entre dos y tres meses, según el relevamiento. A eso se suman demoras para conseguir consulta con los especialistas que intervienen en la certificación.

Carlos Galoppo, defensor del Pueblo adjunto a cargo del relevamiento, describió plazos que se estiran mucho más después: cuatro a nueve meses para acceder a prótesis y medicamentos, y nueve a catorce meses para ingresar a centros de rehabilitación. Son cifras del informe, no una promesa sobre cada trámite en particular.

La brecha del interior y los costos que paga la familia

La espera tiene precio. Una de las madres entrevistadas contó que gastó entre 150.000 y 180.000 pesos sólo en sesiones luego de sostener atención particular durante alrededor de dos años. El documento también describe una sobrecarga de cuidados que recae sobre las mujeres: madres que achicaron su jornada laboral y resignaron ingresos para acompañar los tratamientos.

En paralelo, las prestadoras atraviesan sus propias demoras. El informe registra atrasos de varios meses y hasta un año en los pagos de obras sociales y programas estatales. Entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, los aranceles del nomenclador nacional subieron un 225 por ciento, mientras la inflación acumulada llegó al 336 por ciento. La diferencia se traslada a la calidad y a la continuidad de los servicios.

• Nafta súper: aumento del 559 por ciento entre diciembre de 2023 y agosto de 2026.
• Valor reconocido por kilómetro: suba del 231 por ciento en el mismo período.
• Aranceles del nomenclador nacional: 225 por ciento, frente a una inflación del 336 por ciento.
• Atrasos de hasta un año en pagos a obras sociales y programas estatales.

El cuadro describe instituciones que debieron recortar gastos de funcionamiento, profesionales que dejan de atender y familias que absorben lo que el sistema no resuelve. El informe de la Defensoría vuelve a poner el tema en la agenda pública y deja abiertas las preguntas que el Estado provincial y las empresas de salud todavía no respondieron: cuándo se actualizarán los valores por kilómetro, cómo se acortarán las colas en las juntas evaluadoras y de qué manera se compensará a quienes sostienen tratamientos con dinero propio mientras esperan.