Procesan con prisión preventiva al exagente de la SIDE Raúl Martins por lavado de activos y le traban un embargo de 300 millones de pesos

La jueza federal María Servini resolvió el procesamiento con prisión preventiva del exagente de la Secretaría de Inteligencia del Estado Raúl Martins, de 77 años, por el delito de lavado de activos, y le trabó un embargo sobre sus bienes por 300 millones de pesos. La decisión se conoció después de que el exfuncionario fuera extraditado desde México, donde había sido detenido en 2019 en Cancún, y trasladado a la Argentina para ponerse a disposición del tribunal.

El expediente se centra en la presunta intervención de Martins en un conjunto de operaciones destinadas a incorporar al circuito económico formal dinero que, para la magistrada, provendría de la explotación sexual de mujeres. La investigación tomó como punto de partida una denuncia anónima recibida el 6 de marzo de 2013 en el Ministerio de Seguridad, que advertía sobre una posible explotación sexual de menores en un local de la avenida Juan B. Justo 5302, en el barrio porteño de Villa General Mitre.

Qué operaciones se le atribuyen

• La creación y administración de sociedades, tanto argentinas como del exterior, con vínculos familiares directos.
• La adquisición de propiedades y el manejo de poderes de administración sobre esos bienes.
• La intervención de familiares directos en la estructura societaria, pese a lo cual Martins retendría el control efectivo.
• Maniobras que la defensa ubica entre 2009 y 2012, y que el juzgado considera compatibles con el período de explotación sexual comprendido entre enero de 2013 y octubre de 2014.

Servini sostuvo que una sociedad constituida antes del período investigado puede ser utilizada con posterioridad para administrar u ocultar fondos de origen ilícito, por lo que la fecha de creación de las empresas no resulta determinante para descartar las maniobras. En su resolución, evaluó de manera conjunta la actuación de las sociedades, los poderes de administración y el rol de los familiares, y concluyó que Martins habría conservado el control efectivo de la estructura aun sin figurar formalmente como beneficiario final.

Qué respondió Martins en la indagatoria

Durante la etapa de declaración indagatoria, Martins optó por no responder preguntas y presentó un escrito en el que reclamó su sobreseimiento o, en subsidio, la declaración de falta de mérito. En su planteo cuestionó las fechas de las 26 operaciones que se le atribuyen —vinculadas con la adquisición de propiedades y la administración de sociedades— y sostuvo que correspondían a los años 2009, 2010, 2011 y 2012, anteriores al período del delito de explotación sexual que la propia causa consideró consolidado. Además, afirmó que el único antecedente firme se limitaba al local de Villa General Mitre y que las acusaciones sobre otros nueve establecimientos habían sido archivadas por inexistencia del delito de trata de personas.

Con el procesamiento con prisión preventiva firme y el embargo de 300 millones de pesos ya trabado, la causa avanza hacia la elevación a juicio oral. Hasta el momento, la defensa no obtuvo el sobreseimiento ni la falta de mérito que había reclamado, y el tribunal consideró que los elementos reunidos hasta esta etapa resultan suficientes para sostener la imputación por lavado de activos.