Natalia Machado: embargos multimillonarios para una menor que no recibió dinero y terminó viviendo con su padre

El caso se origina en una causa de alimentos con sentencia favorable para la madre, incluyendo la actualización retroactiva de la cuota provisoria.

El quiebre aparece en la ejecución.

El padre no había sido informado por su abogado del vencimiento del plazo, y en ese contexto la parte actora solicita embargo. La jueza de Familia Natalia Machado autoriza una medida transversal sobre todas las cuentas bancarias.

La ejecución genera embargos superpuestos que retienen un monto muy superior al debido dentro del mismo proceso.

El embargo queda sobrecubierto.

Los fondos excedentes son retirados de la cuenta judicial por la madre, en una maniobra que es cuestionada en las presentaciones judiciales por tratarse de dinero que no le correspondía, mientras el embargo —ya completamente saldado— no es levantado.

A partir de ese punto, la medida deja de ser una garantía y pasa a generar daño: se ejecuta al padre para obtener dinero, pero al mismo tiempo se lo bloquea para que no pueda generarlo.

Su actividad económica se paraliza, no puede cobrar ni pagar, y el resultado es directo: despidos.

Trabajadores ajenos al conflicto pierden su fuente de ingreso por un embargo que ya había cumplido su finalidad.

El impacto alcanza a toda su familia: su esposa y otros tres hijos menores quedan en situación de inestabilidad, y se pierde la posibilidad de acceder a una vivienda por la caída de un crédito hipotecario debido a los embargos vigentes.

Durante meses se presentan escritos para levantar ese mismo embargo ya saldado, sin respuesta.

En paralelo ocurre el hecho más contundente del caso: la hija en común, en cuyo nombre se ejecutó el proceso, declara no haber recibido beneficio económico alguno y decide mudarse con el padre.

No parcialmente.

Pasa a vivir el 100% del tiempo con él.

Esto implica que los fondos ejecutados en su nombre no tuvieron impacto real en su bienestar.

Meses después, la jueza Natalia Machado sostiene que el embargo no debe levantarse porque los bancos habrían devuelto fondos.

No hay evidencia documental de ello.

Y además, el argumento es técnicamente inviable, directamente fantasioso: los bancos no tienen forma de verificar el estado global de un embargo ni el destino de los fondos en una cuenta judicial. Esa responsabilidad es del juzgado. Aun más grave, la propia inconsistencia de la afirmación deja en evidencia que ni siquiera se habría verificado el estado real de la cuenta judicial, donde consta que el 100% de los fondos fue retirado por la madre, sin que exista registro concreto de devolución alguna.

Pero incluso si ese escenario fuera cierto, el punto es otro:

el embargo ya estaba cubierto.

Y aun así, no se levantó.

El daño siguió escalando.

A los 9 meses, una cuenta no pudo cerrarse por la persistencia del embargo, generando una deuda mínima imposible de pagar por la propia restricción judicial. El resultado fue el ingreso al Veraz y el bloqueo completo del acceso financiero.

A un año, la situación sigue igual: el mismo embargo, la misma deuda cubierta y la misma falta de levantamiento.

Ahora el caso entra en una nueva etapa: el padre prepara una demanda contra el Estado.

Se ejecutaron embargos multimillonarios en nombre de una menor que no recibió el dinero y terminó viviendo con el padre.

Se retiraron fondos excedentes cuestionados judicialmente.

Se destruyó una actividad económica.

Se afectó a trabajadores.

Se comprometió a una familia completa.

Y todo ocurrió mientras se mantenía activo un embargo ya saldado.