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Transferencias más vigiladas: el Banco Central activa un sistema de alerta contra el fraude digital

Bancos y fintech ya reciben datos para construir perfiles de riesgo por usuario. Apuntan a cuentas vinculadas a apuestas clandestinas y otras modalidades de fraude electrónico. Las billeteras virtuales tienen hasta 2027 para adaptarse.

Por Malena AguirreTrabajo y educación digital · 8 de septiembre de 2026 · hace 50 min

Daniela es cajera de un kiosco de revistas en Paraná y todos los meses ve pasar decenas de transferencias por la pantalla de su teléfono. Desde el interior del país, donde las billeteras digitales suelen ser la única puerta de entrada al sistema financiero, esas operaciones que ella mira con curiosidad ahora son observadas con más detalle: el Banco Central comenzó a distribuir entre los administradores de transferencias inmediatas información pública para que cada entidad pueda armar un perfil de riesgo por usuario.

Lo que cambió es la cantidad de datos disponibles. Antes, cada plataforma miraba hacia adentro: si una cuenta se movía raro, saltaba una alerta. Ahora, esos mismos administradores reciben indicadores externos que les permiten cruzar el comportamiento local con información más amplia. Una cuenta puede parecer tranquila vista solo desde una billetera y, en cambio, dibujar un patrón preocupante cuando se la observa con la lupa que ofrece el nuevo sistema.

Quiénes reciben los datos y cómo los usan

  • Bancos, fintech y proveedores de billeteras digitales acceden sin costo a los indicadores de riesgo.
  • Las entidades aplican esos perfiles en tres momentos: cuando incorporan un cliente nuevo, durante el monitoreo de transacciones y en las revisiones periódicas de conocimiento del cliente (KYC).
  • El foco principal son las cuentas que canalizan dinero hacia circuitos de apuestas clandestinas, aunque el esquema cubre otras modalidades de fraude electrónico.

Los números ayudan a dimensionar la apuesta. Solo en julio se realizaron 777 millones de transferencias inmediatas por un total de 99,5 billones de pesos, con un crecimiento interanual del 22,2%. Tres de cada cuatro operaciones se hicieron con Clave Virtual Uniforme, lo que deja a las vista el peso que ganaron las fintech en la vida cotidiana de los argentinos, sobre todo fuera de la Capital Federal.

Una brecha que se mide en la pantalla del celular

Porque hay una brecha que pocas veces se nombra y que esta herramienta ayuda a iluminar: la del acceso al sistema financiero entre regiones. En el interior, donde muchas veces no hay sucursal bancaria a la vuelta, las transferencias por celular son la forma principal de mover dinero. Cualquier nueva capa de control impacta de manera desigual: puede frenar fraudes que antes pasaban inadvertidos, pero también puede trabar operaciones legítimas de usuarios que, por la distancia con los bancos, dependen de cada movimiento de su billetera.

La normativa, publicada en el Boletín Oficial el 1° de septiembre, obliga además a las entidades financieras a incorporar el fraude —tanto interno como externo— a su gestión de riesgo operacional. Eso significa definir políticas antifraude, fijar niveles de tolerancia y designar a un responsable específico de esa función. Los bancos deberán reportar al directorio sobre la gestión del fraude al menos una vez por trimestre.

Para las billeteras y demás proveedores de cuentas de pago, el calendario es más permisivo. Entre septiembre y diciembre de este año deben definir estructuras y políticas, y durante 2027 avanzarán en la documentación y los procesos pendientes. Es un plazo largo para un problema que crece al ritmo de las transferencias: cada nueva operatoria digital abre una puerta que alguien, en algún lugar, intenta forzar.

Lo que el Estado y las empresas no dijeron

El Banco Central presentó la herramienta como una capa adicional de seguridad y las entidades salieron a respaldar la iniciativa, pero en los comunicados no quedó claro cómo se protegerá a los usuarios del interior que vean rechazadas operaciones legítimas por un perfil de riesgo que las nuevas señales podrían disparar. Tampoco se informó qué tipo de indicadores específicos se compartirán —solo se habló de “información pública”— ni qué mecanismos de reclamo tendrán los clientes cuando una transferencia sea bloqueada o una cuenta quede bajo sospecha. Y, sobre todo, no se dijo nada de cómo se va a capacitar a las entidades más chicas, muchas de ellas radicadas fuera de Buenos Aires, para adaptar sus sistemas a una regulación que recién empieza a correr.

MA
Malena AguirreTrabajo y educación digital

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