Mendoza ofrece una mesa gratuita para renegociar deudas de consumo: qué cubre, qué deja afuera y cuánto se puede tardar

Renegociar una deuda en Mendoza no tiene costo: el procedimiento es gratuito y se tramita ante la Oficina de Conciliación de Reestructuración de Deudas de Consumo (OCDC), un ámbito que depende de Defensa del Consumidor de la Provincia. Está pensado para consumidores finales con domicilio real en Mendoza que atraviesen una situación grave o inminente de insolvencia personal o familiar. En la práctica, equivale a una instancia previa a la Justicia, donde el deudor y sus acreedores intentan acercar posiciones antes de cualquier reclamo formal.

Vamos a los números: cuándo se puede pedir la conciliación

El umbral para acceder al sistema es que los compromisos financieros superen el 30% de los ingresos mensuales netos de quienes conviven en el hogar. Cuando se trata de hogares en especial vulnerabilidad, ese piso baja al 25%. Entre los casos contemplados en la categoría de vulnerabilidad figuran familias con menores a cargo, personas con discapacidad, jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, desempleados, beneficiarios de programas sociales y trabajadores informales. Además, existe un tope de capital adeudado: no se puede superar el equivalente a 100 salarios mínimos, vitales y móviles vigentes al momento de solicitar la intervención.

• Préstamos personales y financiamiento de compras en cuotas.
• Saldos y financiaciones de tarjetas de crédito.
• Créditos otorgados por plataformas financieras autorizadas, mutuales y cooperativas.
• Obligaciones alimentarias: fuera del sistema.
• Deudas con garantía hipotecaria: fuera del sistema.
• Multas y sanciones penales: fuera del sistema.
• Deudas empresariales o comerciales ajenas al consumo familiar: fuera del sistema.

Qué se puede conseguir y qué no

La conciliación no garantiza quitas ni tasas preferenciales: cualquier cambio depende de un acuerdo con el acreedor. Dentro de lo que se puede negociar aparecen la extensión del plazo para cancelar la deuda, períodos de espera antes de empezar a pagar, la eliminación de intereses punitorios y de cargos por mora, y nuevos esquemas de cuotas. También es posible readecuar el monto de la cuota para que no supere el 30% de los ingresos del grupo familiar, la misma referencia que se utiliza para habilitar el trámite. La Provincia no tiene atribuciones para imponer esas condiciones de manera unilateral; el rol del Estado es acercar a las partes y registrar lo que acuerden.

Comparado con lo que ofrece un banco tradicional ante un atraso prolongado, la instancia mendocina se diferencia en dos puntos. Por un lado, es gratuita y extrajudicial, mientras que los acuerdos privados suelen incluir honorarios, intereses de refinanciación y, en muchos casos, la exigencia de cancelar primero los intereses caídos antes de tocar el capital. Por otro, el procedimiento fija reglas de juego iguales para deudor y acreedor: quien inició el trámite presenta su pasivo, los importes y un detalle de activos, y Defensa del Consumidor cita a los acreedores, que cuentan con hasta 10 días hábiles para informar su posición sobre la deuda reclamada.

La letra chica del procedimiento

Para iniciar el trámite se requiere demostrar domicilio real en la provincia, ser consumidor final y acreditar la situación de sobreendeudamiento con la documentación que respalde los ingresos del grupo familiar. Una vez que la OCDC recibe el pedido, corre el plazo para que los acreedores respondan; si no lo hacen, la Provincia puede presumir que no existen objeciones formales al reclamo, aunque eso no reemplaza al acuerdo. Si las partes convergen, lo pactado se vuelca en un acta con efecto vinculante. Si no hay acuerdo, el consumidor conserva abiertas todas las vías legales que le correspondan, incluida la instancia judicial. En cualquier caso, el mecanismo está pensado como un puente y no como una solución definitiva: lo que se negocia queda sujeto a lo que finalmente acepte cada acreedor.